El DHS indicó que los gobernadores de Sonora y Tamaulipas no han
sido 'paroled', en referencia a un permiso especial de ingreso a EE.UU
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS)
negó que los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo, y Tamaulipas, Américo
Villarreal, tengan un ‘parole’ o permiso especial de
entrada a los Estados Unidos, luego de reportes de que su visa fue cancelada
por motivos de seguridad.
Este
diario solicitó oficialmente al DHS información sobre si la dependencia otorgó
un ‘Significant Public Benefit Parole’ (Permiso Parole por Beneficio Público
Significativo) y, de ser así, bajo qué condiciones. La respuesta no solamente
incluyó la negativa que se haya otorgado tal permiso de ingreso a EE.UU., sino
que tal oficina agregó los segundos apellidos de ambos gobernadores,
confirmando que se refería a ellos, dado que la petición formal incluyó
solamente el primer apellido de cada uno.
“Francisco Alfonso Durazo Montaño y Américo Villareal Anaya no han
sido [beneficiados con tal permiso]”, indicó la dependencia a través de un
correo electrónico a este diario. El ‘parole’ es decrito como un “perdón a la
deportación”, cuando un extranjero es considerado inadmisible y es un término
ampliamente usado en asuntos migratorios.
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retiro de visas de dos gobernadores de México?
El
DHS explica que el Permiso Parole por Beneficio Público Significativo es un
permiso discrecional de inmigración que permite a los extranjeros entrar o
permanecer temporalmente en los EE.UU. sin visa, siempre y cuando su presencia
proporcione “un beneficio reconocido al gobierno, al interés público o a la
seguridad nacional”.
La respuesta oficial
del DHS es significativa en estos casos, ya que solamente tres de sus oficinas
pueden otorgar tal documento de ingreso a un extranjero: la oficina de
Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS); la de Aduanas y Protección
Fronteriza (CBP), y la de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Aunado a ello, para su respuesta, el DHS requería revisar los
‘parole’ otorgados por esas tres dependencias, para confirmar que los dos
gobernadores mexicanos no tienen tal permiso de ingreso a EE.UU.
El
caso de Durazo y Villarreal desató polémica tras un reporte de Los Angeles Times que
afirma que EE.UU. retiró las visas a ambos gobernadores, además de otorgarles
permiso especial de entrada, en referencia al ‘parole’ descrito líneas arriba.
En entrevista con este diario, el periodista Steve Fisher, indicó
que una fuente le confirmó que al menos Villarreal había ingresado a EE.UU. por
un puerto oficial de entrada y había sido escoltado por funcionarios
estadounidenses. No hay detalles del motivo de esa reunión ni si el gobernador
de Tamaulipas está bajo investigación o coopera en alguna investigación.
“Ni
siquiera digo que están reuniendo con autoridades de Estados Unidos”, dijo
Fisher la semana pasada. “Lo que sí puedo decir es que el gobernador de
Tamaulipas, a veces, cuando llega a la frontera, autoridades de Estados Unidos
lo reciben ahí y lo escoltan a su destino. Pero tampoco estoy diciendo que él
está cooperando con autoridades”.
¿Y qué pasó con las visas?
Para aclarar el caso del visado a los gobernadores Durazo y
Villarreal, el DHS dirigió la petición al Departamento de Estado, donde este
diario ya había hecho una solicitud de información.
“Para
cualquier pregunta sobre sus visas, les remitimos al Departamento de Estado”,
indicó el DHS.
La respuesta del
Departamento de Estado fue que la revisión de la validez de las visas es un
asunto constante, incluso después de que fueron aprobadas y, en caso de
preocupaciones en materia de seguridad que hace a un extranjero inadmisible de
ingresar a EE.UU., los oficiales consulares pueden determinar el retiro de tal
permiso de entrada.
“La verificación de antecedentes es un proceso continuo, y los
solicitantes [de visas] son evaluados antes, durante y después de la resolución
consular”, indicó un portavoz del Departamento de Estado. “Tras la emisión de
una visa, si el Departamento tiene conocimiento de información nueva y
potencialmente desfavorable, un funcionario
consular la revisa para determinar si el solicitante sigue siendo elegible para
la visa“.
Los
casos de Durazo y Villarreal se suman al debate binacional sobre la corrupción
en México y la conexión entre políticos con el crimen organizado. Ambos
gobernadores han negado que sus visas hayan sido canceladas.
El gobierno del
presidente Donald Trump ha aumentado la presión a México contra los cárteles de
la droga y presentó cargos contra 10 políticos, incluido el
gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a quien la Fiscalía
federal mexicana rechaza detener en forma preventiva, al considerar que EE.UU.
no presentó evidencia suficiente.
Mientras, el general en retiro y exsecretario de Seguridad Pública de
Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, se entregó a las autoridades estadounidenses y podría enfrentar juicio en la
Corte de Distrito Sur de Nueva York, donde se declaró “no culpable”, pero su proceso
judicial está apenas en la etapa inicia.
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