“Esta ley general garantiza que todo eso pueda
disminuirse al máximo y que realmente tengamos cero impunidad frente a los
feminicidios”, afirmó la Jefa del Ejecutivo Federal
Presidencia de la República | 15
de julio de 2026 | Comunicado
Presidenta firma y envía
iniciativa de Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el
daño por el delito de feminicidio
Destacó que como la primera mujer
Presidenta asume la responsabilidad de proteger a las mujeres frente a la
violencia
Con esta iniciativa de ley se
homologa el tipo penal y se establece una sanción de 50 a 70 años de prisión
La Presidenta de México, Claudia
Sheinbaum Pardo, firmó y envió al Congreso de la Unión la iniciativa de Ley
General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por el delito de
feminicidio, para garantizar la cero impunidad a través de la homologación en
todo el país de los mecanismos de investigación y de las sanciones a este
delito.
“Lo que tenemos que garantizar
para eliminar, para erradicar el feminicidio en nuestro país es por un lado la
prevención, la atención, el conocimiento, la educación, la formación a través
del reconocimiento de la igualdad entre hombres y mujeres y el trato digno
entre las personas y la no discriminación, y no al machismo como también la
cero impunidad frente al delito de feminicidio.
“Esta ley lo que hace es
garantizar que en todas las fiscalías se trabaja igual el delito de
feminicidio, evitar al máximo que pueda ser catalogado como suicidio, evitar al
máximo que si se conoce la presunción del culpable de quien cometió este delito
que lamentablemente en la mayoría de los casos es un familiar (...) Esta
ley general garantiza que todo eso pueda disminuirse al máximo y que
realmente tengamos cero impunidad frente a los feminicidios”, puntualizó en la
conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.
La Jefa del Ejecutivo Federal
resaltó que como la primera mujer Presidenta asumió la responsabilidad de
proteger a las mujeres contra la violencia, por lo que se llevó a la
Constitución los derechos de las mujeres: la igualdad sustantiva, el derecho a
una vida libre de violencia y la eliminación de la brecha salarial.
Además, expuso que el delito de
feminicidio registra a la fecha una disminución de 36 por ciento respecto a
2021; sin embargo, señaló que el objetivo es que no haya ni un solo feminicidio
en el país.
La consejera jurídica del
Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde Luján, detalló que la iniciativa de ley
homologa el tipo penal en todo el país, estableciendo textualmente que: “comete
el delito de feminicidio la persona que prive de la vida a una mujer por
razones de género”.
Asimismo, establece 10 razones,
como, por ejemplo: signos de violencia sexual, antecedentes de violencia contra
la víctima, delito motivado por estereotipos o prejuicios, contextos de
asimetría de poder, entre otros. Se indica una pena de 50 a 70 años de prisión.
Se establecen 19 agravantes que aumentan la pena en una mitad: la víctima esté
embarazada o viva con discapacidad; sea periodista, defensora de los derechos
humanos o migrante; se cometa por una persona funcionaria pública y la víctima
presenta signos de violencia como ataques con ácido o sustancias inflamables.
Además de la pena privativa de
libertad, el responsable también: perderá derechos sucesorios, perderá la
tutela, curatela, guarda y custodia; perderá la patria potestad; será
destituido e inhabilitado para el desempeño de cualquier cargo público.
Se prohíben excusas absolutorias o atenuantes por el delito de feminicidio; el
delito, su sanción y la reparación de daño son imprescriptibles, no proceden
criterios de oportunidad, conmutación de pena, libertad condicionada, ni
amnistías.
La titular de la Fiscalía
Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Maribel Bojorges
Beltrán, destacó que esta iniciativa parte de la premisa fundamental de
investigar con la debida diligencia el feminicidio que deberá de realizarse con
perspectiva de género, la debida diligencia reforzada, los análisis de contexto
de violencia, la preservación adecuada de indicios y una coordinación entre
instituciones de seguridad, procuración de justicia y, sobre todo, la atención
a víctimas.
Se establece que la Unidad o
Fiscalía Especializada que hubiera iniciado la investigación, así como el
Ministerio Público adscrito a la misma, deberán intervenir de manera continua
en todas las etapas del procedimiento penal desde su inicio y hasta la
ejecución de las sanciones para garantizar la debida diligencia, la continuidad
procesal y la protección integral de los derechos de las víctimas. Además, la
ley dispone derechos de las víctimas a la reparación integral del daño, el
establecimiento de coordinación institucional y el establecimiento de políticas
públicas.
La subsecretaria del Derecho a
una Vida Libre de Violencias de la Secretaría de las Mujeres, Ingrid Gómez
Saracibar, puntualizó que la ley también reconoce los derechos de las víctimas,
como lo son: acceso a la verdad y la justicia, atención médica y psicológica de
urgencia para sobrevivientes y víctimas indirectas, asistencia jurídica
especializada y gratuita, atención integral para niñas, niños y adolescentes en
orfandad, restitución o entrega del cuerpo de manera digna, respetuosa y
asistida, servicios de traducción e interpretación.
Destacó que se contempla la
reparación integral del daño, la cual deberá ser transformadora, adecuada,
efectiva, rápida y proporcional, además: la Federación y entidades federativas
son responsables de implementar acciones de bienestar integral con énfasis en
hijos e hijas de víctimas; las personas, medios de comunicación y plataformas
digitales, deberán respetar la dignidad de las víctimas directas e indirectas;
y todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación
de garantizar el derecho a la verdad.
Agregó que se implementan una
serie de políticas públicas articuladas por el Sistema Nacional para Prevenir,
Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia, que tiene por objeto verificar y
promover que, en todos los estados, existan los elementos institucionales,
normativos y estructurales de prevención, atención, sanción y erradicación de
la violencia feminicida. Además, se implementarán campañas de concientización e
información para prevenir el delito de feminicidio, se crearán grupos técnicos
de apoyo y el Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Orfandad por
Feminicidio, se actualizarán los registros de feminicidios a nivel nacional y
se establecen Planes Integrales de Protección para víctimas sobrevivientes.
Recordó que el Gobierno de México
tiene multiservicios en apoyo a las mujeres: mil Centros LIBRES, 85 Centros de
Justicia, 99 espacios de refugio, la línea 079 opción 1 y mil 200 mujeres que
conforman la red de Abogadas de las mujeres en todo el país.
