Congreso del Estado de
Sonora único a nivel nacional que sufre bloqueo financiero del Poder Ejecutivo:
Próspero Ibarra Otero
Hermosillo,
Sonora, a 27 de agosto de 2014.- En todo el País no hay
ningún otro Poder Legislativo que sufra un bloqueo financiero y la falta de
transferencias de los recursos que le corresponden, como ocurre al Congreso de
Sonora por parte del Ejecutivo, señaló el diputado Próspero Ibarra Otero.
El legislador
del PRI-PVEM e integrante de la Comisión de Administración del Congreso del
Estado reveló que existe un retraso de recursos por el orden de los 70 millones
de pesos que la Secretaría de Hacienda estatal no ha transferido al Poder
Legislativo.
“Somos el
único Poder Legislativo en el País que está a merced de la práctica de un Poder
Ejecutivo, no hay precedente de que se juegue y se manipule con la transferencia
de recursos, como lo ha hecho este gobierno del PAN”, afirmó.
Al participar
en los trabajos de análisis de la iniciativa de atención y protección a
periodistas, el diputado huatabampense reveló que también los comunicadores
están siendo agredidos por el Gobierno estatal, al no recibir el pago oportuno
por los servicios de difusión que brindan al Congreso.
“Que los
comunicadores sepan que el motivo del retraso en su pago se debe exclusivamente
a un retraso exorbitante en transferencias que el Ejecutivo se niega a realizar.
Somos un Poder independiente, pero el Ejecutivo no nos está respetando y nos
corta los recursos como una forma de presión para que no cuestionemos
deficiencias e irregularidades de sus funcionarios”, aseveró Ibarra Otero.
Detalló que de
los alrededor de 70 millones de pesos que hasta el momento debe el Poder
Ejecutivo al Congreso, son cerca de 20 millones los que corresponden al pago de
facturas a medios de comunicación y el resto a diversos proveedores y
prestadores de servicios.
Lamentó que en
estos momentos el Congreso del Estado no cuente con representación jurídica,
ante la falta del nombramiento del presidente para el periodo permanente de
sesiones, ya que es el único facultado para presentar una controversia
constitucional contra el Ejecutivo que se niega a transferir los recursos que ya
están presupuestados para la operación del Congreso.