Nuestro Entorno
Por Rogelio Preciado Vásquez.
Caso Huatabampito ¿un propósito de “Justicia” o de interés político-electoral?
El asunto de la supuesta venta irregular de un predio en las playas de Huatabampito una vez más irrumpió en la opinión pública, el veredicto de la contraloría municipal en el sentido de inhabilitar y una sanción económica para el ex síndico, Javier Torres, da inicio con un proceso legal y político entre el ayuntamiento -PRI- y los ex funcionarios -PAN- y ex regidores de la pasada administración.
El tema tiene más de dos años, el impulsor de dicha trama es el diputado Bulmaro Pacheco Moreno -PRI-, mismo que se dice ha presionado al alcalde Prospero Ibarra Otero -PRI- hasta el cansancio para lograr que se haga “justicia” ante un presunto caso de “corrupción”.
Sin embargo, las aristas del tema empiezan a clarificarse ante las declaraciones de los actores que son señalados con el dedo “justiciero”, tal es el caso del ex sindico, que es su defensa matizo la imprudencia de los argumentos de la autoridad municipal, que como “juez” sentenció y no destaco que apenas se principia y existen más instancias donde se podrá ventilar la cuestión de forma imparcial y sin la carga política que se evidencia.
Otra voz de peso que también nos brinda una luz del contenido es la del ex regidor y ex presidente, Helidoro Soto Rodríguez -PRI-, el que ante los argumentos públicos que hace el legislador, rompe el silencio y confronta lo alegado por él, yendo incluso, más allá de solo una declaración de defensa del caso, o de su participación en la compra-venta.
Soto Rodríguez expuso que la venta de los terrenos fue consensada con todos los regidores, estos de las tres fuerzas políticas: PAN, PRI y PRD, mismos que dieron el visto bueno por unanimidad, resalto que el proyecto explicado pretendía el desarrollo económico de la región, y por ende los empleo que tanto se requieren.
Rematando su argumentación, en que si fuera posible o necesario volvería a votar a favor de la compra-venta, ya que él visualiza la politización del asunto con fines electorales -cosa con la que no está de acuerdo- poniendo en el centro de la discusión los intereses particulares, dejando a la deriva lo que debería de ser la verdadera preocupación de la autoridad, que no es otra cosa que el beneficio de la sociedad, y de la impartición de justicia real y no manipulada.
Además el ex funcionario, brindo una elucidación sobre los costos de los terrenos, dejando en claro que existe la facultad del ayuntamiento en incluso donarlos, cuando el beneficio es colectivo y de mayor envergadura.
Así pues la discusión empezó ya, y seguramente en los días por venir esta se agudizara, y habrá confrontaciones que denotaran el interés y el fondo de todo esto, porque seguramente todos los involucrados se sacaran sus trapitos al sol, y créame que el estercolero embarra a mas de tres.
Evidentemente hay dos vertientes en el tema, uno es lo legaloide, el otro lo mediático, en el primero los abogados darán cuenta de ello, en el segundo, me queda claro que la guerra de declaraciones empezó, y no creo que los que hoy son acusados, con razón o sin ella, se vayan a dejar en lo más mínimo, lo mismo harán seguramente sus detractores.
¿En que terminara el asunto? ¡Quién sabe! Lo que si se es que para el alcalde Ibarra Otero, quien no ha podido con el caso y a escondido la cabeza como los avestruces, le esperan día muy difíciles, por que el litigió va en serio, y del establecimiento de responsabilidades él no está exento, menos cuando es sabido que siempre estuvo enterado de la transacción de los terrenos cuando fue diputado.
Sobre las declaraciones del legislador Pacheco Moreno, solo debo decir lo que ya he dicho antes, mi experiencia con él me dejan en claro que no es la persona que pretende mostrarse, el sabe que ha sido coparticipé de actos de corrupción, las evidencias existen ante los tribunales, mas de 7 denuncias tiene al ex presidente Daniel Ibarra Guerra -Tío y actualmente asesor de Prospero Ibarra- por actos se presuntos desvíos de recursos públicos.
Uno de ellos son los 5 millones de pesos que se tomaron en el 2003 y que fueron sustituidos por un “préstamo” por parte del gobierno de Bours a la administración de Juan José Lam, para ser pagados por el pueblo, en ese entonces el actual legislador, que era secretario de gobierno, y el mismo que hoy pide “Justicia”, se quedo callado y no hizo nada para resolver la irregularidad que se mostró antes sus propios ojos.
Sobre la presunta venta de los terrenos por parte del ex gobierno panista, solo esperamos que los tribunales nos brinden la verdad y en el caso de existir irregularidades se haga justicia conforme a la ley, no para darle gusto a sus detractores, si no para imponer la legalidad en un país donde todo es posible, menos la impartición de justicia.
El caso es muy amplio, por lo pronto le deseo muy buena semana, sus comentarios enviarlos al siguiente correo: preciadorv@hotmail.com
