El PRI descuidó el contenido y alcance de la Constitución y leyes locales
Cuauhtémoc Mávita E./Periodista
Para muchos analistas políticos ya es un hecho que se habrán de anular los resultados de la elección de gobernador en Sonora realizadas el pasado 5 de julio. Es esa, por supuesto, una posibilidad real, sin embargo, ni el PRI tiene la certeza de lograr que se revoque el triunfo de Guillermo Padrés Elías, ni el PAN puede estar confiado en que el sucesor de Eduardo Bours Castelo será el actual gobernador electo impugnado.
Así mismo el hecho de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) haya ordenado al Tribunal Estatal Electoral y Transparencia Informativa (TEETI) pronunciarse sobre la elección de gobernador, y no “lavarse las manos” al declararse incompetente, es una exigencia jurídica dado que el tribunal está obligado a dar una respuesta a los partidos políticos que exigen la anulación de los comicios.
Sin embargo, el Tribunal Estatal Electoral tendrá que resolver a partir del peso jurídico de las pruebas que han aportado el PRI y el PRD, ya que de no hacerlo se estarían violando los derechos constitucionales y legales que les asisten. Eso nunca ha estado a discusión. Lo reprobable es que los magistrados se prestaron en su momento al juego de la ilegalidad y la anticonstitucionalidad, y ante lo cual el TEPJF los puso en evidencia.
Si se anula la elección el TEPJF resolvería en contrario, a menos que..
Por eso los magistrados del TEETI tendrán ahora que resolver ajustándose a lo que contempla el Derecho Constitucional y las leyes vigentes, sea para anular la elección o para darle validez a los resultados de la misma.
En este sentido, no hay lugar para darle preponderancia a las conocidas como causales abstractas de nulidad que tanto en el 2000 como en el 2003 condujeron a la anulación de las elecciones de gobernador en Tabasco y en Colima, respectivamente, al considerar el TEPJF como irregularidades graves y a la vez determinantes en los resultados electorales la supuesta compra de votos, la propaganda inequitativa y la intervención en la elección de agentes cuya participación estaba prohibida.
Y es que las causales abstractas de nulidad son ya prácticamente inexistentes a partir de las reformas de 2007 al artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el cual se establece que el Tribunal Electoral debe resolver si una acción es determinante del resultado en términos constitucionales y según lo disponga la ley. Las elucubraciones no caben en este proceso.
Las causales abstractas de nulidad son prácticamente inexistentes de acuerdo a las reformas constitucionales de 2007..
En el caso de la Constitución Política del Estado de Sonora no establece de manera específica que acciones electorales deben considerarse como violatorias de ese marco normativo y que por lo tanto deben sancionarse. Esa vaguedad remite necesariamente al Código Estatal Electoral en el cual se enumeran sanciones muy claras para los partidos políticos que pueden conducir a anular una elección como sería el caso de excederse en los topes de gastos de campaña ó bien en la contratación, en forma directa o por terceras personas de tiempo en cualquier modalidad en radio o televisión, mismas que el PRI le achaca al gobernador electo Guillermo Padrés Elías, pero que no son en este reclamo las partes más sólidas de su demanda.
Desde esta perspectiva el TEETI solo podrá declarar la nulidad de la elección por las causales que expresamente se establezcan en las leyes y que sean determinantes en el resultado final de la elección, pero también que la reparación solicitada sea material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales y sea factible antes de la fecha constitucional, o legalmente fijada para la instalación de los órganos o la toma de posesión de los funcionarios elegidos.
Para decirlo aún más claro: el TEETI cuenta con elementos más que suficientes para declarar válida la elección de gobernador, dado que el PRI descuidó por omisión el contenido y alcance de las leyes vigentes. Si el TEETI declara nula la elección es sumamente probable que el TEPJF de una resolución en contrario, a menos que como se estila en este país haya acuerdos en los oscuro para favorecer algún proyecto político con miras a la sucesión presidencial del 2012.
