Protección a políticos después del “guarderocidio”
Cuauhtémoc Mávita E./periodista
NAVOJOA,SONORA. JUNIO 16.- Se dice que Albert Einstein dijo una vez: «Hay dos cosas que son infinitas: el universo y la estupidez humana... y yo no estoy seguro de qué tan infinito sea el universo».
Con esto nos quiso decir que la estupidez, es quizás más infinita que el tiempo y el espacio en que nos movemos y somos, y ante lo cual nos resistimos a reconocer las causas reales y profundas que nos conducen a desarrollar conductas tan torpes o faltas de inteligencia que nos descalifican como seres racionales ó pensantes.
En el caso de la tragedia ocurrida el 5 de junio, allá en la capital de Sonora (Hermosillo), donde el incendio registrado en la guardería ABC ha terminado ya con la vida de 46 niños, y a los que lamentablemente podrían sumarse otros, la estupidez –como bien subrayaba el científico- no tiene límites. Así, ante esa realidad dolorosa pero cierta de que nada se puede hacer para volver a la vida a los muertos, se busca ahora proteger a los vivos que, con motivo del tráfico de influencias y de la corrupción, fueron depositarios de la vida humana. El sentido común nos adelanta que hay una larga lista de personajes involucrados de la sociedad civil, de la política y el gobierno en este lamentable suceso..
Es por eso que quienes operan para evitar que los daños ocasionados por el siniestro arrastren aún más al sistema, se han dado a la tarea de limpiar en la escena de la tragedia, y más allá de ésta, todas aquellas redes en las que están inscritos los nombres de relevantes empresarios de la política ó bien sus prestanombres, que desde siempre llenan sus talegas de dinero con recursos provenientes del gobierno y de los contribuyentes.
El caso de ABC es solo una muestra más de la podredumbre que emana de la gigantesca cloaca en que están convertidos los negocios gubernamentales.
Ahora, después del guarderocidio, se trata de salvaguardar el negocio. El saldo de la guardería ABC y los reclamos de justicia de parte de los afectados y miles de civiles que han tomado la calle para externar su solidaridad con las víctimas, probablemente habrán de acallarse con los llamados chivos expiatorios, más cuando hay quienes son intocables al escudarse en el fuero político y en el poder que ostentan en las más altas esferas del gobierno. Lo cierto es que sobre alguien en particular caerá la culpa, para proteger a otros aún cuando sean responsables.
En otras palabras, el hilo vuelve a romperse por lo más delgado. Generalmente siempre es así. En el caso de la guardería ABC se pretende desviar la atención y encubrir responsabilidades al separar de sus cargos a determinados funcionarios, pero sin aplicar la ley y mucho menos dejarse llevar por el sentido de justicia. Las decisiones se valoran y aplican en función de los intereses políticos que en este momento están en juego en Sonora y en el país, y no en base al derecho que asiste a los afectados e inclusive de aquellos a quienes se trata de exhibir como los inmediatos responsables del siniestro.
Es esa una estupidez sin límites y una expresión del oportunismo político que se teje cuando se borran y remueven pruebas que podrían implicar a más responsables. La ley no tiene porque ser selectiva, es decir para estos sí pero para los otros no.
Pero mientras se está en espera de que se concluyan las investigaciones y se deslinden responsabilidades, la comunidad sonorense y en lo general los mexicanos, exigen que en Sonora no suceda lo mismo que con la explosión, el 19 de febrero de 2006, de la mina “Pasta de Conchos”, en San Juán de Sabinas, Coahuila, donde ni aún las reclamaciones internacionales hicieron eco en el gobierno y el sistema político, al que se acusó de no hacer lo que razonablemente podía haberse hecho para reducir al mínimo los efectos del accidente. Como México no hay dos.
