Publicado: 10 Marzo 2026
Es necesario garantizar que este
esquema continúe siendo justo, transparente y beneficioso para las y los
trabajadores mexicanos: Karina Ruiz.
Senadoras, senadores, representantes de comunidades migrantes y especialistas hicieron un llamado para que el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales garantice condiciones laborales dignas y apegadas a los derechos humanos, para nuestros connacionales que decidan ir a Canadá a desarrollar actividades productivas en los campos de ese país.
Al inaugurar el foro “PTAT y T-MEC: trabajo agrícola temporal, derechos laborales y competitividad regional”, la senadora Karina Isabel Ruiz Ruiz, secretaria de la Comisión de Asuntos Migratorios, comentó que el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales es una herramienta relevante de cooperación bilateral que ha permitido generar oportunidades de empleo digno para miles de familias mexicanas durante décadas.
Sin embargo, dijo, también es claro que los cambios en el contexto migratorio, laboral y social nos obligan a revisar permanentemente sus mecanismos de operación, supervisión, así como la protección de derechos laborales para garantizar que este esquema continúe siendo justo, transparente y beneficioso para las y los trabajadores.
Dijo que en su carácter de senadora y como primera representante de las mexicanas y los mexicanos que residen y trabajan en el exterior, organizó este foro que reúne a académicas y actores estratégicos vinculados al Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT), a fin de avanzar hacia soluciones integrales, viables y acordes con la realidad que enfrentan nuestras y nuestros trabajadores migrantes.
Se trata, insistió, de construir
un puente entre el Senado de la República, instituciones académicas y sectores
clave, a fin de escuchar de primera mano los retos actuales, identificar buenas
prácticas y recoger propuestas que contribuyan al fortalecimiento de los
esquemas de movilidad laboral entre México y Canadá, así como a la protección
integral de los derechos laborales, humanos y sociales de las y los
trabajadores temporales mexicanos.
El presidente de la Comisión de Desarrollo Regional, Miguel Márquez Márquez, recordó que el PTAT, que se firmó en 1974, es un buen ejemplo de una migración laboral ordenada y segura, pero que a 50 años de su establecimiento es necesario ajustarlo. Agregó que en Canadá hay 48 mil mexicanos que trabajan en el campo, lo que representa el 44 por ciento de la fuerza laboral del sector en esa nación.
Sin embargo, alertó que se van contratados por un patrón, por lo que no pueden salir de un espacio determinado por las limitaciones que se les establecen y, al no tener esa capacidad de movilidad, si se les presentan oportunidades en una fábrica o en otra industria y si deciden cambiarse de residencia y de empleo, los deportan.
El senador del PRI, Rolando Rodrigo Zapata Bello, refirió que México tiene una larga tradición de movilidad laboral circular con Canadá, pero esa tradición sólo puede sostenerse si el sistema evoluciona para garantizar condiciones dignas, mecanismos de denuncia efectivos y una protección consular sólida hacia los ciudadanos.
No se trata únicamente de mejorar
un esquema administrativo, sino de asegurar que ningún mexicano o mexicana vea
vulnerada su dignidad por ejercer su derecho al trabajo en el extranjero,
principalmente en un contexto global donde los flujos migratorios se encuentran
bajo presión.
“Proteger a los trabajadores
migrantes no es sólo una obligación humanitaria, es también una forma de
defender la credibilidad de los mecanismos de cooperación laboral
internacional”, subrayó.
Por MC, la senadora Amalia
Dolores García Medina, recordó que la ONU estableció una convención para
garantizar la protección de migrantes a trabajadores en todo su proceso, desde
la preparación de su viaje, el tránsito, el tiempo de trabajo así como el regreso
a su país de origen.
Carlos Rojas Salazar, director
ejecutivo del Consejo Migrante, dijo que no es un secreto que el permiso de
trabajo cerrado, ligado a un sólo empleador, genera condiciones de
vulnerabilidad extrema, porque cuando un trabajador no puede cambiar de
empleador, o denunciar abusos significa perder su trabajo, y si el estatus
migratorio depende totalmente de ese patrón el equilibro de poderes desaparece.
A distancia, el padre Alejandro
Solalinde, defensor de los derechos humanos de los migrantes, dijo que se
requiere de un esquema laboral claro, que no esté bajo la discrecionalidad de
los patrones o empleadores canadienses, sino bajo la supervisión del gobierno.
Consideró necesario fortalecer las relaciones binacionales dado que el futuro
de México es con ese país y no con Estados Unidos, quien tiene un presidente
que no respeta los derechos humanos de los migrantes.