Hermosillo, Sonora; 23 de
diciembre de 2025.- Luego de 18 años de conflictos sin resolver, omisiones
institucionales y demandas sociales desatendidas, Sonora inicia una nueva etapa
al concretarse el primer acuerdo integral y definitivo para atender las consecuencias
del derrame del Río Sonora y la deuda social y laboral con Cananea, una
problemática que por casi dos décadas ningún gobierno logró resolver.
“El conflicto más complicado
puede resolverse cuando la voluntad política se ejerce con sentido social. Este
acuerdo es un acto de justicia y de reconciliación para Cananea y para las
comunidades del Río Sonora”, afirmó el gobernador Alfonso Durazo.
Durante años, la falta de
consensos y de voluntad política mantuvo abiertas heridas profundas en la
región: afectaciones a la salud, daño ambiental persistente, incertidumbre
laboral y comunidades enteras sin respuestas claras del Estado. Hoy, ese ciclo
se rompe.
Con liderazgo, sensibilidad
social y capacidad de concertación, el gobernador Alfonso Durazo Montaño logró
lo que durante años fue considerado imposible: convertir un conflicto
prolongado en un acuerdo de solución estructural, que atiende de manera
simultánea la justicia ambiental, social y laboral.
Con el acompañamiento de la
secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y el respaldo directo de la
presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se presentó el Plan Integral de
Solución y Remediación del Río Sonora, un instrumento que transforma una deuda
histórica en compromisos verificables y acciones concretas en favor de las
comunidades afectadas.
El plan contempla una inversión
superior a los 2 mil 222 millones de pesos, destinada a la remediación
ambiental del Río Sonora, la atención integral a la salud, el acceso al agua
potable y la restitución de derechos laborales, beneficiando a miles de
familias que durante años vivieron en la incertidumbre.
Entre las acciones principales se
encuentra la construcción del Hospital Regional de Ures, con 60 camas y 21
consultorios de especialidad; un Centro de Atención a la Salud Renal; y un
laboratorio especializado en metales pesados y toxicología, que permitirá
atender de manera directa los efectos del derrame en la salud de la población.
Asimismo, se contempla la edificación de 16 plantas potabilizadoras, el
equipamiento de un laboratorio regional de calidad del agua y la instalación de
tres estaciones de monitoreo permanente, garantizando una remediación real, medible
y sostenida en el tiempo.
Este acuerdo representa también
un reconocimiento a la lucha histórica de las y los trabajadores mineros de
Cananea, así como de las viudas y familias que durante años exigieron justicia,
dignidad y reparación. Por primera vez, el Estado responde con una solución de
fondo.
Por su parte, la secretaria de
Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, subrayó que este acuerdo responde a una
instrucción directa de la presidenta Claudia Sheinbaum, para resolver de manera
definitiva una deuda social que durante casi dos décadas impactó negativamente
en la salud, el medio ambiente, la estabilidad laboral y la vida cotidiana de
la región.
Después de 11 años del derrame
del Río Sonora, 18 años de la huelga minera y un prolongado abandono
institucional, este acuerdo marca un punto de inflexión histórico: confirma que
los problemas estructurales no se heredan ni se administran, se enfrentan y se
resuelven, y que la justicia ambiental es, también, justicia social y justicia
para las y los trabajadores.