Recibió el respaldo de senadores
de Morena, PVEM y PT; PAN, PRI y MC votaron en contra.
La Cámara de Senadores aprobó en
lo general el proyecto de decreto que reforma la Ley de Amparo, el Código
Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa.
El dictamen, que tiene como
objetivo actualizar los diversos ordenamientos en materia de justicia
constitucional, fiscal y administrativa, surgió de una iniciativa presentada
por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Fue avalado por 76 votos a favor por
parte de Morena, PVEM y PT; y con 39 votos en contra del PAN, PRI y MC.
Los cambios tienen el propósito
de fortalecer, modernizar y armonizar el marco normativo del juicio de amparo y
los mecanismos complementarios de defensa en materia fiscal y administrativa,
con el fin de garantizar un acceso efectivo, ágil, transparente y humanista a
la justicia, en congruencia con los principios constitucionales, y los
estándares internacionales en materia de derechos humanos.
El proyecto responde a una doble
necesidad: por un lado, perfeccionar la institución del amparo como mecanismo central
de protección de los derechos fundamentales frente a actos de autoridad, y por
otro, evitar el uso abusivo o dilatorio de los recursos administrativos y
judiciales en materia fiscal que obstaculizan la recaudación de créditos firmes
y afectan el interés social y el orden público.
Javier Corral Jurado, presidente
de la Comisión de Justicia, dijo que el dictamen no es producto de un trámite
cerrado, sino de un proceso plural y transparente, pues se realizaron
audiencias públicas con especialistas, expertos, litigantes y organizaciones
sociales, por lo que refleja una deliberación franca, abierta y pública.
Afirmó que la reforma persigue
tres objetivos fundamentales, modernizar el juicio de amparo incorporando el
uso de herramientas digitales; hacer más eficiente y ágil el procedimiento
cerrando espacios a la dilación y el abuso de la figura, así como, el de
preservar el carácter garantista reafirmando que es un recurso efectivo de
defensa frente a los actos de autoridad.
Abundó que la reforma busca
fortalecer el juicio de amparo como escudo ciudadano, pero al mismo tiempo
cerrar los resquicios que han permitido abusos procesales que afectan al
interés colectivo y el desarrollo del país, por lo que uno de sus aspectos
principales es el interés legítimo individual o colectivo.
El presidente de la Comisión de
Estudios Legislativos, Enrique Inzunza Cázarez, señaló que el dictamen busca
modernizar, armonizar y fortalecer, el mecanismo de defensa de las y los
mexicanos, el juicio de amparo, piedra angular del estado constitucional de
derecho, por lo que el objetivo es garantizar el acceso a una justicia más
ágil, efectiva y humanista.
Añadió que en el dictamen se
establecen reglas más precisas para la suspensión del acto reclamado, a fin de
evitar que la suspensión sea utilizada para mantener prácticas ilícitas o
privilegios indebidos, por lo que acompañar el dictamen no es solo una decisión
técnica o jurídica, es una decisión política que pone en el centro a las
personas y que dota de mayor fortaleza a las instituciones.
Minutos antes de comenzar la
discusión del dictamen, el Pleno rechazó una moción suspensiva presentada por
el Grupo Parlamentario de MC, que señalaba que la reforma es regresiva,
desnaturaliza el amparo y forma parte de un proceso de aniquilación de los
mecanismos de defensa de personas, los colectivos y los derechos humanos,
además de que se debilita la figura ante abusos de autoridad.
Al hacer el posicionamiento por
Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales Magdaleno, advirtió que esta reforma
aleja a los ciudadanos de los mecanismos de defensa y protección de sus
derechos que tenían con la Ley de Amparo y, por el contrario, la modificación
fortalece el abuso, los excesos y la arbitrariedad de las autoridades.
Carolina Viggiano Austria, del
PRI, acusó que los últimos ajustes al dictamen no modificaron nada sustantivo,
con lo que se pretende debilitar al Poder Judicial, anular los contrapesos
constitucionales y dar “manos libres” al Ejecutivo para “consolidar un régimen
autoritario que desprecia las libertades y que no tolera límites”.
Del PT, Geovanna Bañuelos de la
Torre sostuvo que la reforma moderniza al juicio de amparo, lo vuelve más ágil,
accesible y eficaz, sin renunciar a la protección frente a los abusos de
autoridad, además de que impide que los medios de defensa se utilicen como
pretexto para frenar la recaudación fiscal.
Luis Alfonso Silva Romo, del
PVEM, rechazó que esta modificación se trate una “reforma regresiva” pues busca
que la figura de amparo “no se ponga al servicio de los poderosos” o de quienes
tienen “intereses fiscales”, además de que defiende sólo intereses legítimos
conforme a los tribunales de justicia para así contar con un Estado más sólido.
Por el PAN, María Guadalupe
Murguía Gutiérrez, afirmó que la reforma contraviene la Constitución en materia
de progresividad de los derechos humanos, pues debilita la suspensión del acto
reclamado, cuando el amparo nació para poner un alto al abuso del poder, por
ello no fortalece al amparo, sino favorece la concentración de poder en las
autoridades y reduce los contrapesos ciudadanos.
Por Morena, Ana Lilia Rivera
Rivera, indicó que la reforma fortalece el juicio de amparo pues actualmente ha
sido usado como escudo de impunidad frente a graves afectaciones al interés
nacional, dilatando la justicia o blindando intereses económicos de unos
cuantos, en perjuicio de la mayoría, razón por lo cual estas modificaciones
devuelven al amparo su sentido más profundo, el bien común.
Durante la discusión se
presentaron once votos particulares de senadores de los Grupos Parlamentarios
del PAN, PRI y MC.