En conferencia de prensa matutina con el presidente Andrés
Manuel López Obrador, el subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de
Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Luis Rodríguez Bucio, expuso casos de jueces y
magistrados del Poder Judicial que liberan en fines de semana a delincuentes
ingresados a penales federales por delitos graves.
Al
respecto, el jefe del Ejecutivo sostuvo que “esto es una vergüenza. ¿Cómo es posible que de lunes a jueves
liberen a 58 y el fin de semana 192? ¿Cómo se explica eso? Ya esto es en sí una
denuncia y es corrupción”.
De
acuerdo con datos de la SSPC se tienen documentados 250 casos de liberación exprés. Entre 2018 y 2024 suman
192 personas privadas de la libertad beneficiadas durante los fines de semana, siendo 2019 el año de
más liberaciones con 83 casos. En lo que va de 2024 se han registrado 21 hechos
de este tipo. Durante el mismo periodo, 58 delincuentes obtuvieron su libertad de lunes a jueves.
“Fíjense cómo ha venido cambiando
afortunadamente 2023 y 2024 porque estamos aquí hablando del tema, pero antes
era el mundo del anonimato, todo era clandestino, no se sabía nada”, agregó el
mandatario.
Las personas privadas de la libertad enfrentaban cargos por
delitos como homicidio doloso, secuestro, extorsión, narcotráfico, tráfico de
personas, delincuencia organizada, robo con violencia, portación de armas de
fuego de uso exclusivo del Ejército Mexicano y robo de hidrocarburos.
“Todos tenemos que buscar una sociedad
mejor y, además, nos conviene a todos. Duele mucho cuando asesinan a una
persona —más si se trata de un inocente— y que al poco tiempo, el que cometió
el delito ya está en la calle”, expresó el presidente.
El
subsecretario detalló que este mecanismo, conocido como ‘Sabadazo’, facilita la salida de
personas privadas de la libertad entre viernes y domingo porque las autoridades
no pueden hacer una revisión exhaustiva en un plazo de horas fijado por jueces
y magistrados sobre otras carpetas de investigación o causas del acusado
en las fiscalías estatales.
Durante
el informe Cero Impunidad, el general Rodríguez Bucio dio a conocer 25 ejemplos de
personas privadas de la libertad favorecidas por integrantes del Poder Judicial.
Por
su relevancia destaca el del juez de distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en
el Estado de México con residencia en Almoloya de Juárez, Gregorio Salazar
Hernández, quien facilitó la salida de Jannet Miriam “N”, colaboradora de Genaro
García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe
Calderón. Se le acusó de peculado y delincuencia organizada; el motivo de su
egreso fue el cambio de medida cautelar de prisión preventiva y obtuvo la
libertad inmediatamente el viernes 14 de junio de 2024 en el Centro Federal de
Readaptación Social No. 16 en Morelos.
Otra
situación de corrupción fue el de la jueza de control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal
Oral en Cosamaloapan, Veracruz, Angélica Sánchez Hernández, otorgó la libertad a
Itiel “N”, miembro del Cártel Jalisco Nueva Generación, acusado del homicidio
de un diputado local en Veracruz en 2019. La causa del egreso fue auto de no
vinculación a proceso; la fecha de notificación de egreso fue el sábado 3 de
junio de 2023 y dejó el Centro Penitenciario Federal No. 18 en Coahuila el
domingo 4 de junio de 2023.
El juez de distrito Daniel Ramírez Peña, en su carácter de juez
de control en el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México con
residencia en Almoloya de Juárez, benefició a Angélica “N”, presunta operadora financiera en el
Cártel de Santa Rosa de Lima y acusada de delincuencia organizada. El motivo de la
libertad fue cambio de medida cautelar. La fecha de notificación de egreso fue
el viernes 28 de abril de 2023 y salió del Centro Federal de Readaptación
Social No. 16 en Morelos el sábado 29 de abril de 2023.
Bajo
las políticas de cero corrupción y cero impunidad contra la delincuencia
organizada y de cuello blanco, el presidente López Obrador recordó 13 casos de defraudación
fiscal protegidos en el Poder Judicial, que significan una afectación a la
Hacienda Pública por 129 mil 185 millones de pesos.
Entre
la fecha de envío del caso por parte de la Fiscalía General de la República
(FGR) y el día de audiencia inicial otorgada por el Poder Judicial, el retraso procesal suma
159 días en promedio, cuando el Código Nacional de Procedimientos Penales obliga al
Poder Judicial a efectuar el trámite en un plazo máximo de 15 días a partir de
la solicitud de judicialización, explicó.
Recordó
el ejemplo de una empresa chatarrera que debe a la Hacienda Pública 19 mil 860
millones de pesos, de acuerdo con datos del Servicio de Administración Tributaria
(SAT). El caso lleva más de 700 días sin fecha de audiencia, desde el 9
de agosto de 2022 hasta la fecha.
“No estamos pidiendo que se retuerza la ley
en beneficio del gobierno, que al final de cuentas, sería en beneficio del
pueblo porque eso es dinero del pueblo. Si se recupera, va al presupuesto y el
presupuesto no es dinero del gobierno, es dinero del pueblo. (…) Lo que estamos
pidiendo es: actúen de conformidad con la ley, que tengamos un auténtico Estado
de derecho, pero no en el discurso, no a la demagogia”, argumentó.
El
jefe del Ejecutivo llamó a “que todos ayudemos cuando menos denunciándolo porque esto es lo
que va a permitir que las cosas realmente cambien en nuestro país”.
FUENTE: https://lopezobrador.org.mx/