Navojoa, Son.- “Como Diputado Federal siempre he mantenido un gran compromiso con el electorado y no claudicaré en las luchas que son justas y legitimas para la ciudanía mismas a las que el Gobierno Federal y el Gobierno Estatal, solo han dado respuestas que han burlado una y otra vez la inteligencia y la buena fe de los navojoenses y de los habitantes del Sur del Estado”.
Lo anterior fue informado por el Diputado Federal por el 7mo. Distrito, Onésimo Mariscales Delgadillo, quien dijo que se retoma la lucha por el libre tránsito por la vía legal y de nueva cuenta se ha interpuesto una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que preside el Dr. Raúl Plascencia Villanueva, por la cancelación del Derecho Humano de Libre Tránsito a los habitantes del Estado de Sonora, por parte del Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Sonora, fundamentada en la Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos, así como en los tratados internacionales de los que México forma parte.
En dicha queja, el legislador solicita e informa a la CNDH que el Gobierno Federal a través de las Dependencias federales: Secretaría de Comunicaciones y Transportes (S.C.T.); Caminos y Puentes Federales (CAPUFE); Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS); el Registro Público Vehicular (REPUVE); así como el Gobierno del Estado de Sonora a través de las dependencias estatales: la Secretaría de Seguridad Pública (SSP); y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora; están cancelando el derecho de libre tránsito, consagrado en el artículo 11º Constitucional, en la Carretera Federal México 15 Nogales – Estación, al obligar al pago de peaje o en su caso tramitar un chip electrónico en REPUVE para transitar por dicho tramo carretero; al no existir carretera federal libre alterna, con esta acción el Gobierno Federal y el Gobierno Estatal, están cancelando y violando los Derechos Humanos y Garantías de los sonorenses establecidos en los artículos 1º, 6º, 8º, 9º,11, 16 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en Tratados Internacionales; de igual manera, al obligar a los residentes a realizar un trámite para obtener un chip electrónico; además de cancelar y/o condicionar el derecho al libre tránsito, que no contempla la Ley del Registro Público Vehicular como sujetos obligados.
Por todo lo anteriormente expuesto solicitó atentamente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos atienda esta Queja y proceda dentro de sus facultades a investigar estas violaciones graves a los Derechos Humanos y Garantías de los Sonorenses y se proceda jurídicamente en contra de los funcionarios que no están promoviendo, respetando, protegiendo y garantizado el Derecho de Libre Tránsito de los habitantes del Estado de Sonora, como lo señala el artículo 1ro. Constitucional.
De igual manera se pide que se cancelen los Centros de Operación del REPUVE, ubicados en Navojoa y Ciudad Obregón, Son., dado que su funcionamiento es ilegal y están obligando a los ciudadanos a realizar trámites que la Ley del Registro Público Vehicular, “no les obliga”, ni el artículo 11 Constitucional; además se obliga a entregar documentación con información personal que nada tiene que ver con el derecho humano del Libre Tránsito.
Mariscales Delgadillo también hizo referencia a las hechos ocurridos ya hace casi un año, donde varios campesinos del Ejido Bacabachi fueron brutalmente golpeados y privados de su libertad así como el cierre de la brecha que atraviesa por ese ejido y en consecuencia han sido tratados como delincuentes por defender su territorio y su derecho de libre tránsito, por lo que dentro de la queja presentada en la CNDH, solicita que Caminos y Puentes Federales de la S.C.T (CAPUFE), se desista, o en su caso se otorgue el perdón o se exonere por parte de la autoridad judicial de la demanda de los campesinos del Ejido Bacabachi, Navojoa, Son., Rosario García Borbón, Rosario Almada Borbón, Narcizo Buitimea Teol, Abelardo Yevismea Yocupicio y Miguel Ángel Peña Leyva, quienes han sido sentenciados a 3 meses de prisión o pago de 10 mil pesos por el hecho de manifestarse contra el acto de autoridad del Gobierno Federal y Estatal al cerrar la Brecha Ejidal Tarisoroba, misma que fue abierta por acuerdo ejidal, con ello se violenta lo que establecen los artículos 9º y 27 Constitucional.
“Esta es la segunda queja que presentamos en la CNDH, y al parecer la Comisión está dormida en sus laureles, porque en fechas pasadas ya visitaron a los afectados y se constataron de la violación del derecho de libre tránsito del que hemos sido objetos los habitantes del Sur del Estado, por ello, hago un llamado, para que retomen el caso, y procedan de acuerdo a las facultades de la CNDH y emitan sus recomendaciones en contra del Gobierno Federal y Gobierno Estatal, para que se hagan valer los derechos humanos y garantías de los ciudadanos sonorenses”, puntualizó Mariscales Delgadillo.
Finalmente el Diputado Federal dijo que con la ley en la mano y con argumentos bien fundamentados es como se continuará con esta lucha de beneficio para toda la ciudadanía del Sur del Estado.