*Por obstruir justicia
Los padres de los menores de la guardería ABC pidieron al gobierno de Sonora iniciar un proceso de investigación contra el ex gobernador Eduardo Bours Castelo, por el manejo posterior que le dio a la tragedia.
El integrante del Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio, Manuel Rodríguez Amaya, pidió al gobernador Guillermo Padrés Elías ordenar al Ministerio Público del Fuero Común integrar la averiguación por responsabilidad en la obstrucción de la justicia.
Asimismo, manifestó que se investigue al ex mandatario estatal, por los delitos de obstrucción de la justicia, por incumplimiento de un deber legal y tráfico de influencias, que cometió a partir del 5 de junio del año pasado.
Al participar en la ceremonia cívica del Día de Luto estatal y Día de Duelo nacional, expresó que esos delitos derivaron en la impunidad, que hasta la fecha permanece en los responsables del fallecimiento y lesiones de las niñas y niños de la guardería.
Aseguró que "hace un año pagamos una elevada cuota de dolor, de sangre, de rabia y frustración", al indicar que este día, para los padres es momento de elevar un reclamo único de justicia "exigimos justicia".
Pidió también la inmediata destitución del procurador estatal de justicia, Abel Murrieta Gutiérrez, quien continúa en el cargo, por haber dejado de cumplir con su deber de procurar justicia en el caso de la guardería ABC, obedeciendo órdenes del ex gobernador Bours.
Solicitó el enjuiciamiento administrativo de los trabajadores de la Secretaría de Hacienda, de la Secretaría de la Contraloría General, de la Unidad Estatal de Protección Civil, de la Secretaría de Salud y de Educación y la Subsecretaría del Trabajo.
Resaltó que dejaron de cumplir las normas relacionadas con el ejercicio de sus funciones, de cuya inobservancia derivó el incendio en la estancia infantil subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Al Congreso del estado le exigió la expedición de una ley estatal de instancias infantiles que regule y controle la operación y funcionamiento de medidas de seguridad en todas las guarderías que operan en Sonora.
Además, la creación de una ley especial que prohiba en forma expresa que servidores públicos de los poderes del estado de Sonora y de los ayuntamientos, por sí o por terceros, operen estancias infantiles.
Al Poder Judicial, los padres, a través de Rodríguez Amaya, exigieron vigilar la actuación del Juzgado Octavo Penal que conoce del proceso iniciado contra servidores públicos por delitos cometidos con motivo del incendio en la guardería ABC.
"Todos los anteriores son nuestros reclamos mínimos de justicia que formulamos a un año de distancia que nos fuera arrebatado de nuestras manos el futuro de nuestros hijos, cuyas vidas fueron alteradas y cegadas por la corrupción y la ambición", enfatizó.
