Advierte Contraloría Estatal
Puerto Peñasco, Sonora, 20 de mayo de 2010.- Cualquier funcionario de Gobierno de administraciones pasadas o de la actual que incurra en actos cuestionables tendrá que responder ante la Ley, afirmó Carlos Tapia Astiazarán, titular de la Secretaría de la Contraloría General (SCG).
“Que sea un Gobierno transparente, que sea un Gobierno que informa a los ciudadanos lo que está haciendo, que no haya desconfianza entre la ciudadanía y el Gobierno”, instruyó a los contralores municipales de la región Noroeste, al exhortarlos a trabajar con responsabilidad para mejorar el ejercicio de la transparencia en el Gobierno.
Entrevistado en el marco de la Quinta Reunión de la Comisión Permanente de Contralores Estado – Municipio (CPCEM), en esta localidad, el funcionario dejó claro que se dará el seguimiento firme pero responsable a cualquier irregularidad.“Cualquier funcionario público de la anterior administración o de la actual que tenga, que aparezca en alguna de estas investigaciones pues tendrá que responder por sus actos”, dijo.
Si de la investigación, detalló, se desprenden responsabilidades también se llevará a ese punto, y si se deriva algún delito penal se consignará ante la Procuraduría.Adelantó que hay algunas auditorías en proceso de término, como en el caso de Isssteson, de la que pronto se darán a conocer resultados.
“A principios de año, ahí en enero, hubo algo porque el status quo que había que era el de repartirse un poco los contratos, una situación que la actual directora no aceptó”, reveló.Sobre ese tema la Contraloría está próxima a presentar denuncias para que se investigue más a fondo.
En cuanto al caso de los funcionarios y ex funcionarios relacionados con el incendio en la Guardería ABC, indicó que hoy deberían desahogarse las comparecencias de siete personas.Después de eso el proceso continúa, dijo, y más adelante se determinará si hay o no una responsabilidad y de qué tipo.
“Las personas depende del puesto que tenían pues tendrán diferente nivel de responsabilidad y por ende se tendrá que valorar el diferente nivel de sanción”, expresó.La sanción podría ir desde amonestación, suspensión, inhabilitación o multa; con respecto al proceso judicial, ese es independiente al de la Contraloría.
Con respecto a los casos anunciados al inicio de la administración, como el de cobro irregular de cheques y facturas, negó que se hayan olvidado y de hecho pronto habrá más noticias al respecto.“Este es un asunto grande, complicado desde el punto de vista jurídica, estamos terminando las auditorías y tiene también que ver con documentación que no está en manos del Gobierno, sino que está en manos de bancos y de terceros”, explicó.Tapia Astiazarán agregó que se tiene que tener mucho cuidado para que los posibles responsables no aprovechen huecos legales.