HERMOSILLO, SONORA. JUNIO 23.- Guillermo Padrés desmintió las acusaciones que hizo el PRI Sonora en su contra, a través de un publicado que apareció en varios medios de comunicación, en el cual lo acusan de una deuda con un banco de Israel
De cara frente a representantes de los medios de comunicación, el candidato del PAN a la gubernatura de Sonora aclaró que la supuesta deuda de la cual lo acusan, se deriva de un litigio particular entre su hermano, Julio César Padrés, y una empresa particular de Israel, en la construcción de unos invernaderos en el municipio de Huépac.
Explicó que la diferencia entre la empresa extranjera y su hermano Julio César surgió a raíz de que no estuvieron de acuerdo en la calidad de la construcción de los invernaderos, y porque se retrasaron los tiempos de entrega de los mismos, por lo que se está llevando un juicio mercantil y corresponderá a las autoridades correspondientes deslindar responsabilidades.
“Están en los juzgados derivando quién tiene la razón, si se cumple el tiempo, si no se cumple, pero mientras sigue el invernadero creando empleos, produciendo y lo manejan ellos. Mi participación en eso es que fui aval de mi hermano”, manifestó Guillermo Padrés.El candidato albiazul aseveró que con este señalamiento el dirigente del PRI Sonora, Roberto Ruibal, intenta desviar la acusación ante la demanda que interpuso Acción Nacional ante la FEPADE, donde se logró documentar que un grupo de priístas, entre ellos Alfonso Elías Serrano, utilizaron aviones del Gobierno del Estado para cuestiones partidistas, de proselitismo y en viajes de poder.
“Nosotros los estamos demandando ante las autoridades para que ellos puedan definir, nosotros sí lo hacemos de frente y ellos nada más sueltan una cortina de humo porque quieren que se nos olvide el fondo del asunto. No se nos va a olvidar, es un pendiente que tienen con Sonora”, manifestó Guillermo Padrés.El candidato panista puntualizó en que este supuesta deuda, en la cual intentan involucrarlo los priístas, se trata de una transacción comercial entre dos personas civiles, donde no hay involucrados recursos públicos de los sonorenses, mientras que el mal uso que hicieron de los aviones del Gobierno del Estado un grupo de priístas es un delito que marca como pena la cárcel.