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| Foto de archivo |
-La medida fortalece la
seguridad, regula el manejo de químicos y garantiza la eficiencia de los
servicios de protección civil en el estado.
Hermosillo, Sonora.- Para fortalecer la coordinación en materia de protección
civil y asegurar que los establecimientos cumplan con medidas de seguridad
requeridas, contribuyendo así a la protección de la ciudadanía, el Congreso del
Estado aprobó armonizar la Ley de Hacienda del Estado de Sonora.
Durante la sesión, la diputada
Ely Sallard Hernández, presidenta de la Comisión de Hacienda, dio lectura a la
iniciativa remitida por el Ejecutivo estatal, que armoniza la legislación local
con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Esta normativa establece la
participación de autoridades estatales para garantizar la seguridad, ubicación
y condiciones técnicas de los establecimientos que manejan estas sustancias.
Detalló que se establece un
catálogo específico de derechos por los servicios que presta la Coordinación
Estatal de Protección Civil (CEPC), tales como análisis de riesgos, visitas de
inspección, dictámenes de seguridad y opiniones técnicas sobre establecimientos
que manipulan, procesan, almacenan o comercializan sustancias químicas que, si
bien pueden ser empleadas en la fabricación de explosivos, también tienen
aplicaciones legítimas en el sector agrícola, como fertilizantes y otros
insumos.
La legisladora explicó que esta
medida permitirá brindar mayor certeza jurídica a las autoridades estatales y a
los particulares; recuperar costos derivados de la prestación de servicios
técnicos especializados; fortalecer las finanzas públicas, garantizar el
funcionamiento eficiente de los servicios estatales de protección civil; y
contribuir a la seguridad ciudadana y la correcta regulación de materiales de
riesgo.
La iniciativa se sustenta en
disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sonora y del marco
fiscal federal, que establecen la obligación de contribuir al gasto público de
forma proporcional y equitativa, así como la facultad de imponer derechos por
servicios que presta el estado en su función regulatoria.
Las nuevas disposiciones
contemplan que para el uso y compraventa de sustancias químicas relacionadas
con explosivos utilizados en la agricultura se cobrarán cuotas que van desde
150 hasta cuatro mil 250 pesos. Por concepto de almacenamiento, se fijará un costo
de tres mil 150 pesos, además de un cobro adicional por unidad para volúmenes
superiores a un millón de litros o kilogramos, aplicable en ambos rubros.