Ministros de la Suprema Corte,
magistrados del tribunal electoral y numerosos juzgadores distritales y
estatales completan los más de 800 cargos que asumen funciones este lunes, tras
haber sido elegidos en unos comicios inéditos el pasado 1 de junio.
Cd. De México.- México inaugura
una "nueva era" este lunes con la instauración de los primeros
jueces elegidos por voto popular, un hito para la justicia de un país
dañado por la impunidad, pero que la deja expuesta al influjo del poder
político y del crimen organizado.
Ministros de la Suprema Corte,
magistrados del tribunal electoral y numerosos juzgadores distritales y
estatales completan los más
de 800 cargos que asumen funciones este lunes, tras haber sido elegidos en
unos comicios inéditos el pasado 1 de junio.
Dicha elección fue cuestionada
tanto por la escasa participación, de apenas 13% del electorado, como por
denuncias de irregularidades y mecanismos ilícitos que se emplearon para
encauzar el voto hacia candidatos afines al oficialismo de izquierda.
"A partir del 1º de
septiembre inicia una nueva era en el Poder Judicial, elegidos por el
pueblo de México", celebró el pasado miércoles la presidenta Claudia
Sheinbaum, durante su habitual rueda de prensa matinal
Agregó que el arribo de los
nuevos jueces marca el fin de una etapa "muy cuestionada por la
corrupción, por la defensa de privilegios, [y] por el nepotismo" en el
sistema de justicia mexicano.
Destaca esta jornada el inicio de
la gestión
del indígena mixteco Hugo Aguilar, el candidato más votado de los comicios,
como presidente de la Suprema Corte conformada por nueve integrantes, seis de
los cuales son cercanos al oficialismo.
El máximo tribunal "enfrenta
un gran reto: recuperar la confianza de la ciudadanía. Para lograrlo debemos
acercar la justicia a cada sector de la población", escribió Aguilar,
antiguo funcionario del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024),
en su cuenta de X la semana pasada.
Elección cuestionada
La elección judicial, que tendrá
una segunda etapa en 2027 para renovar algunos puestos de la Suprema
Corte y jueces locales en una decena de estados, es parte de una reforma
constitucional propuesta por López Obrador y ejecutada por Sheinbaum.
Opositores y activistas insisten
en que la reforma no busca resolver la impunidad, que en México supera el 90%,
ni mejorar la impartición de justicia, sino "capturar políticamente
al Poder Judicial", señala Miguel Alfonso Meza, presidente de la oenegé
Defensorxs.
El activista, cuya organización
monitoreó los comicios, opina que se trató de una "operación de
Estado" que permitió seleccionar candidatos afines al gobierno en
tribunales clave, además de distribuir masivamente volantes, conocidos como
acordeones, donde se direccionaba el voto hacia candidatos favorables al
oficialismo.
En las elecciones estatales, los
procesos "fueron determinados por los gobernadores" de las entidades,
explica Meza, lo que facilitó la designación y el triunfo de ciertos
candidatos.
"Juzgados capturados"
Defensorxs detectó además al
menos 25 aspirantes "altamente riesgosos" porque poseían
antecedentes penales, por delitos desde corrupción hasta trata de personas, o
enfrentaban serias acusaciones de complicidad con grupos del crimen organizado.
Seis de estas personas resultaron
elegidas, señala Meza.
Una de ellas fue Silvia
Delgado, exabogada del encarcelado capo del narcotráfico Joaquín "el
Chapo" Guzmán, quien asume este lunes como jueza penal en el estado de
Chihuahua (norte).
Delgado demandó judicialmente por
violencia política de género a 14 medios de comunicación y al propio
activista Meza por haber informado sobre su vínculo con "El Chapo".
De cara a asumir sus funciones,
el activista teme que este tipo de personajes haga que la eventual corrupción
en los tribunales pase de casos puntuales a una contaminación completa.
"Va a haber juzgados que
están capturados y que trabajan para el crimen organizado, para políticos que están
involucrados en el crimen organizado", advierte Meza.
Fuente: https://goo.su/eK6fXja