Hermosillo, Sonora, Junio 08 de 2010.- El Gobierno del Estado mantiene el diálogo con los trabajadores de la mina con la firme determinación de apoyarlos, pero luego de tres años de paro laboral es urgente la reconstrucción de Cananea y escuchar a las familias que se encuentran desesperadas, aseveró el Gobernador Guillermo Padrés.
En conferencia de prensa, a un día de haber anunciado una inversión histórica Estatal, Federal y de Grupo México superior a 58 mil millones de pesos para iniciar el rescate de Cananea, el Gobernador Padrés aseguró que la lucha de la sección 65 del sindicato minero es digna, pero llegó a su término legal.Indicó que luego de las resoluciones jurídicas por parte de autoridades federales, el Gobierno del Estado ocupado en su obligación gestionó recursos con la Federación y la empresa minera, para que Cananea inicie la recuperación del grave daño que tuvo, sin derrama económica por tanto tiempo.
“Nos vamos a dar cuenta cómo muchos negocios cerraron, cómo muchos están al borde la quiebra, cómo muchas casas ya se ven abandonadas en ciertas colonias, porque han tenido que mudarse los cananenses a otro lugares del estado, inclusive fuera del país”, subrayó.
El Gobernador Padrés comentó que a la fecha, Cananea presenta un saldo blanco, “van bien las cosas y siguen ahí las fuerzas federales y estatales para estar nada más al pendiente”, dijo.
Aseguró que estas acciones se realizan en el ánimo de respetar los derechos de los trabajadores, por lo que seguirá luchando por ellos.En ese sentido, informó que el Secretario de Gobierno, Héctor Larios, ya ha establecido comunicación, y espera que pronto puedan reunirse para platicar.“Hay buena disposición de todos y de buscar una salida a esto, en la que todos salgan beneficiados”, reiteró.
Luego de conminar a los trabajadores a que cobren su liquidación e inicien una nueva etapa laboral con mejores condiciones, el Ejecutivo Estatal descartó que las autoridades hayan establecido un lapso de tiempo para este proceso.Agregó que cinco personas están detenidas por acciones posteriores a la toma del control de las instalaciones de la mina, por las fuerzas públicas.
